 Por: Omar Osorio Durante más de un siglo, la discusión económica global ha girado en torno a una dicotomía heredada del siglo XIX: capitalismo versus socialismo. Ambos sistemas nacieron en la era del carbón y el acero. Ninguno fue concebido en un mundo con inteligencia artificial, modelado climático avanzado o contabilidad ecológica planetaria en tiempo real. Sin embargo, la conversación pública continúa atrapada en esa arquitectura mental decimonónica, mientras la variable decisiva del siglo XXI no es ideológica sino biofísica. Hoy enfrentamos una convergencia histórica: un déficit financiero compuesto y un déficit ecológico compuesto operando simultáneamente. El sobregiro estructural Desde principios de la década de 1970, la humanidad consume más recursos de los que la Tierra puede regenerar anualmente. La Global Footprint Network estima que la demanda actual equivale a aproximadamente 1.7 planetas por año. Este sobregiro funciona como un interés compuesto negativo:
En paralelo, el sistema financiero global ha seguido su propia trayectoria exponencial. La deuda pública y privada mundial alcanzó aproximadamente 338 billones de dólares en 2025, superando el 300% del PIB global, según estimaciones consolidadas reportadas por el Fondo Monetario Internacional y el Instituto de Finanzas Internacionales. Y pese a la mayor arquitectura multilateral jamás construida —la Agenda 2030—, apenas entre el 15% y el 17% de los Objetivos de Desarrollo Sostenible muestran avances en trayectoria adecuada, según evaluaciones recientes de las Naciones Unidas. Dos curvas exponenciales avanzan en direcciones opuestas: una se expande; la otra se erosiona. Los límites del sistema Tierra El marco de los límites planetarios, desarrollado por el Stockholm Resilience Centre, identifica nueve procesos críticos que definen el espacio operativo seguro para la civilización. Siete ya han sido transgredidos. No es una postura política. Es una constatación científica. La acidificación oceánica lo ilustra con claridad. El océano absorbe cerca de un tercio del CO₂ antropogénico, alterando la química marina y reduciendo la disponibilidad de iones carbonato (CO₃²⁻). Esa reducción afecta la formación de carbonato de calcio (CaCO₃) por organismos calcificadores y debilita uno de los mecanismos más estables de almacenamiento geológico de carbono inorgánico. La degradación oceánica no es solo ecológica; es la erosión de una infraestructura climática natural. El anacronismo ideológico Persistir en la disputa binaria entre “derecha” e “izquierda” mientras los límites biofísicos se transgreden es una forma de anacronismo estructural. Capitalismo y socialismo comparten un supuesto implícito: que la base material puede expandirse indefinidamente o sustituirse tecnológicamente. El siglo XXI ha demostrado que no es así. Clasificar economías únicamente como “de mercado” o “estatales” sin integrar los límites biofísicos es tan primitivo como clasificar a las personas por el color de su piel. El genetista Craig Venter, tras el mapeo del genoma humano, subrayó que las diferencias genéticas entre poblaciones son mínimas y no sustentan categorías biológicas separadas. El ADN humano es esencialmente uno, independientemente de su evolución geográfica. Del mismo modo, la física del sistema Tierra es una sola. La química oceánica no distingue ideologías. La termodinámica no negocia. La pregunta ya no es quién administra mejor el crecimiento. La pregunta es cómo rediseñar la economía para que opere dentro de condiciones biofísicas medibles. Regenerativismo: actualizar la arquitectura económica El regenerativismo no es un punto medio entre derecha e izquierda. Es un cambio de eje. Parte de tres premisas:
En este marco, el océano deja de ser frontera extractiva y pasa a entenderse como infraestructura biogeoquímica. La sedimentación biogénica carbonatada transforma carbono disuelto en CaCO₃ sólido que puede permanecer estable durante escalas de miles a millones de años, un criterio coherente con la discusión sobre remoción durable en el IPCC. No se trata de compensación simbólica. Se trata de restauración medible de capacidad regenerativa. México como transición estructural México ilustra la escala potencial de esta arquitectura.
La línea base ajustada de Tasa de Sedimentación Biogénica Carbonatada (TSBC), incorporando un déficit del 50% por pérdida de organismos calcificadores, se establece en 0.57 g/cm²/1000 años. Bajo el modelo Ocean NDC Removal, esa sedimentación anual representa un flujo medible de remoción permanente. Valorada estructuralmente en 500 USD por tonelada de carbono inorgánico sepultado y diseñado para estructurar mediante un bono soberano azul, la sedimentación puede integrarse como Activo Real Climático Estratégico. La implicación es profunda: el océano puede incorporarse al balance macroeconómico soberano. De deuda a capacidad planetaria Los “debt-for-nature swaps” fueron durante décadas instrumentos marginales. El regenerativismo propone una evolución: vincular la arquitectura financiera a restauración biofísica verificable y permanente. La estabilidad climática es infraestructura económica básica. Sin ella, ningún modelo financiero es sostenible. Si la deuda puede refinanciarse en función de expectativas futuras, también puede reestructurarse en función de capacidad regenerativa demostrable. Reprogramar el sistema Desde 1970, la humanidad vive en déficit ecológico compuesto. En paralelo, ha acumulado déficit financiero compuesto. El extractivismo refinancia el pasivo. El regenerativismo corrige la base. La alternativa histórica no es entre derecha e izquierda. Es entre seguir operando bajo supuestos del siglo XIX o actualizar la arquitectura económica al conocimiento científico del siglo XXI. El siglo XXI no exige más ideología, exige coherencia biofísica y esa coherencia ya puede medirse. El autor es director de Carbono Blanco, Un Océano de Soluciones.
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Bases para una nueva política constitucional de la tierra, la producción y la regeneración ecológica2/5/2026  Café Morelos, tertulias. La tierra y la Constitución en México: continuidad histórica, reformas y desafíos contemporáneos
Por Omar Osorio Introducción La regulación jurídica de la tierra en México ha estado estrechamente vinculada a los procesos históricos, económicos, políticos y sociales que dieron origen a las distintas constituciones nacionales. Desde la independencia hasta la Revolución Mexicana, el problema agrario ha reflejado las tensiones entre propiedad privada, interés público y justicia social, constituyéndose en un eje central para comprender la evolución del constitucionalismo mexicano. Lejos de adoptar un tono negativo o reactivo, este análisis parte de una visión propositiva, estratégica y constructiva: repensar las leyes de la tierra como una oportunidad histórica para reordenar el territorio, fortalecer la producción nacional, regenerar los ecosistemas, elevar el bienestar social y consolidar la soberanía del Estado mexicano en el siglo XXI. Continuidad histórica del constitucionalismo agrario La Constitución de 1824: la tierra en el Estado naciente La Constitución de 1824 surgió en el contexto inmediato de la independencia nacional (1810–1821), cuyo objetivo central fue la ruptura del vínculo político con España y la definición de la forma del Estado. En este periodo, el debate constitucional se centró en la estructura del poder político, especialmente en la disputa entre federalismo y centralismo. La cuestión agraria, heredada del régimen colonial, no fue abordada directamente; la propiedad privada quedó protegida, mientras que la tierra permaneció concentrada en manos de la Iglesia, los militares y grandes hacendados, con campesinos e indígenas prácticamente excluidos de su acceso. Esta omisión sentó las bases de una larga tensión estructural entre concentración territorial y desigualdad social. La Constitución de 1857: liberalismo, propiedad y mercado La Constitución de 1857, producto de la Reforma Liberal, buscó desmantelar los privilegios corporativos y reforzar la igualdad jurídica, consolidando un modelo de propiedad privada individual y limitando la propiedad de la Iglesia y otras corporaciones. Aunque se promovió la liberalización del mercado de tierras, esta Constitución no impulsó una redistribución social. La tierra se concibió principalmente como mercancía, subordinando su función social al interés individual. Este enfoque, aunque modernizador en su contexto, provocó la pérdida masiva de tierras comunales indígenas y profundizó la desigualdad territorial. La Constitución de 1917: función social y justicia agraria La Constitución de 1917 representó un quiebre histórico: surgida de la Revolución Mexicana, incorporó las demandas sociales y agrarias que habían motivado el conflicto armado. El artículo 27 estableció que la propiedad originaria de tierras y aguas corresponde a la Nación y que su transmisión a particulares debe subordinarse al interés público y a la función social de la propiedad. Este principio legitimó el reparto agrario, reconoció la personalidad jurídica de ejidos y comunidades, y sentó las bases del constitucionalismo social mexicano, colocando a la tierra como eje del pacto entre Estado, sociedad y territorio. La reforma de 1992: apertura económica y reconfiguración del régimen agrario La reforma constitucional de 1992 transformó este marco. El Estado dejó de tener la obligación de repartir tierras y se promovió la certificación, parcelación y eventual privatización de los ejidos, en coherencia con la inserción de México en el TLCAN. Este cambio subordinó parcialmente la función social del artículo 27 a una lógica de mercado, eficiencia económica y atracción de inversión, integrando la tierra al proceso de apertura comercial y globalización productiva. La coyuntura histórica de 2026: soberanía, geopolítica y territorio En este contexto histórico, el discurso de la Presidenta Claudia Sheinbaum el 5 de febrero de 2026, con motivo del 109° aniversario de la Constitución de 1917, adquiere un sentido estratégico. Al enfatizar la continuidad histórica y la vigencia del carácter social de la Carta Magna, su mensaje subraya tres ejes fundamentales:
El énfasis en recuperar el sentido social de 1917 se vuelve particularmente relevante frente a la reconfiguración geopolítica y económica global. Los supuestos que justificaron las reformas de 1992 —apertura comercial, libre mercado y alineación con tratados como el TLCAN— hoy se ven tensionados por un contexto internacional marcado por:
Repensar las leyes de la tierra: una oportunidad estratégica Desde esta perspectiva, repensar las leyes de la tierra constituye un desafío de política estratégica y soberanía, pero también una oportunidad histórica de transformación positiva. La recuperación del sentido social de la Constitución de 1917 no implica regresar a modelos del pasado, sino reinterpretar sus principios fundacionales —función social de la propiedad, subordinación al interés público y rol activo del Estado— para responder a los retos contemporáneos:
Permaculturización constitucional del territorio El enfoque propuesto puede sintetizarse en un concepto rector: la permaculturización constitucional del territorio mexicano. No se trata de trasladar técnicas agrícolas específicas al texto constitucional, sino de adoptar los principios de la permacultura como arquitectura estructural del sistema territorial, productivo, ecológico y social del país. Esta visión concibe el territorio como un sistema vivo integrado, donde cada decisión jurídica, productiva y económica debe contribuir a una espiral virtuosa de abundancia: Restauración → Regeneración → Cuidado → Equidad → Igualdad → Soberanía → Prosperidad compartida En este marco, la tierra deja de concebirse únicamente como soporte físico de la producción para convertirse en infraestructura ecológica estratégica, base material de la resiliencia climática, la autosuficiencia alimentaria, la cohesión social y la estabilidad territorial. Producción regenerativa, economía circular y restauración territorial Una nueva política constitucional de la tierra debe ofrecer condiciones jurídicas claras para que todo mexicano —y también inversionistas responsables extranjeros— puedan invertir su energía, tiempo y capital en la restauración productiva del territorio. Esto implica promover:
Este proceso convierte la regeneración ecológica en motor de:
Rectoría del Estado, repatriación productiva y cohesión social Este enfoque permite además retomar la rectoría del Estado en la política de tierras desde una visión humanista, orientada a:
Conclusión La evolución del constitucionalismo agrario mexicano ofrece hoy una oportunidad histórica: transformar la tierra en el eje de un nuevo proyecto nacional de regeneración, producción y soberanía. Repensar las leyes de la tierra desde un enfoque permacultural, regenerativo y estratégico permite articular justicia social, eficiencia productiva, restauración ecológica y autonomía nacional. Más que una reforma legal, se trata de un nuevo pacto constitucional con la tierra, el territorio y las generaciones futuras. El autor es Director Fundador de Carbono Blanco, Un Océano de Soluciones. |
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